No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a las señaladas en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable.
Se espera que los miembros cumplan con las leyes locales y las normativas internas de la asociación, incluyendo aquellas relacionadas con la discreción y el consumo responsable.
Una vez cumplido esto empiezan a llevarse a cabo los estatutos y reglamentos que deben ser totalmente transparentes y con la democracia que se requiere para que los socios se encuentren al tanto de cuáles son los pasos más importantes que la organización lleva a cabo destacando entre estos los arreglos financieros.
Con relación a este tipo de asociaciones se genera un conflicto en cuanto a su legalidad. En la actualidad no existe ninguna regulación estatal ni autonómica de las mismas por lo que su actividad se desarrolla en un entorno de vacío lawful que ha dado lugar a multitud de jurisprudencia que ha ido perfilando los límites de las mismas.
Hay un salto cualitativo y no meramente cuantitativo, entre el consumo compartido entre amigos o conocidos -uno se encarga de conseguir la droga con la aportación de todos para consumirla de manera inmediata juntos, sin ostentación ni publicidad-; y la organización achievedódica de una estructura institucionalizada, con vocación de permanencia y abierta a la integración casi indiscriminada, sucesiva y escalonada de un número no limitado de personas hasta superar los dos mil.
Uno de los requisitos exigidos para considerar la atipicidad del consumo compartido, es la exclusión de actividades de almacenamiento masivo, germen, entre otros, de ese 'peligro' que quiere desterrar el legislador.
«Al no haber Manage sobre la admisión de los socios no consta que todos ellos fueran consumidores. Tampoco consta que el consumo se llevara a cabo en el community de la Asociación. Bastó un día para incautar marihuana a seis personas que salían del establecimiento después de haberla adquirido, mediante el pago del correspondiente precio. La comunidad no estaba integrada por un número reducido de personas. Uno de los responsables mencionó que había hasta 600 miembros y se ocupó un carnet que 10ía el número de socio NUM006 , siendo muy poco creíble que la numeración de estos documentos fuera aleatoria.
Las asociaciones cannábicas se constituyen al amparo del derecho de asociación que se regula en la LO 1/2002, de 22 de marzo, y se basan en la no prohibición del autoconsumo o del consumo compartido siempre que se haga dentro de un espacio privado.
Normalmente se trata de consumidores habituales de marihuana ya sea de forma recreativa o medicinal.
En cuanto a documentación, lo primero será hacer un registro de asociaciones en el cual se especifiquen los siguientes elementos:
Presentar la instancia más el acta fundacional y sus estatutos que deben estar sellados por el registro de asociaciones.
La ilicitud de las asociaciones se da en el momento en que dichas asociaciones realizan algún tipo de actividad que favorezca la promoción del consumo. Así lo ha señalado el Tribunal Supremo en numerosas ocasiones con relación a asociaciones que realizaban el cultivo o almacenamiento de las sustancias estupefacientes y la posibilidad de que dicha asociación tenga un número indeterminado de socios. Resulta relevante en este punto asociacion cannabica la STS n.º 352/2018, de 12 de julio, ECLI:ES:TS:2018:352:
Además, no se llevaba a cabo el consumo inmediato de la sustancia. El Tribunal relaciona la ocupación de marihuana a algunas personas que salían del regional de la asociación, no constando medidas concretas de Command para anular y ni siquiera mitigar el riesgo de su difusión fuera.
El precio dependerá de la zona en la que vivas y de los metros que tenga el lugar. Se puede decir que esto es lo más caro de todo el proceso, conseguir el community. Pero en cuanto a la formación de la asociación recordemos que esta es sin fines de lucro.
Generalmente, estas asociaciones operan en un marco authorized específico y tienen reglas estrictas para garantizar el cumplimiento de las leyes locales y nacionales.
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